El camino a seguir: cuestión de prioridades
La violencia contra la mujer es compleja y diversa en sus manifestaciones. Su eliminación obliga a los Estados, a las Naciones Unidas y a todos los interesados directos a adoptar medidas amplias y sistemáticas. Las comunidades locales también tienen la responsabilidad de abordar el problema de la violencia contra la mujer y para ello deben recibir asistencia. Corresponde a los hombres desempeñar una función, sobre todo de prevención de la violencia, y esa función debe seguir examinándose y fortaleciéndose.
Hacen falta mecanismos institucionales estables a nivel nacional e internacional para asegurar la aplicación de medidas, la coordinación, la vigilancia y la responsabilidad.
Sugerencias de primeras propuestas que se deben de aplicar a nivel nacional.
- Los Estados deben adoptar medidas urgentes y concretas para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer y proteger los derechos humanos de la mujer.
La violencia contra la mujer es la causa y, a la vez, la consecuencia de la
discriminación contra la mujer. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho de la mujer a no ser discriminada. Cuando esto no ocurre se ejerce y se exacerba la violencia contra la mujer. Por ejemplo, si los Estados permiten que las leyes discriminatorias sigan en vigor, o si en las leyes no se consideran delito ciertas formas de violencia contra la mujer, estos actos se cometerán con toda impunidad.
- El ejercicio de la dirección es esencial para poner fin a la violencia contra la mujer.
Es fundamental ejercer la dirección a todos los niveles (local, nacional, regional e internacional) y por todos los sectores (incluidos los políticos y los funcionarios públicos, los formadores de opinión, los dirigentes empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y los dirigentes comunitarios).
- Los Estados deberán hacer compatibles las normas internacionales y las leyes, políticas y prácticas nacionales.
El fin de la impunidad y la exigencia de responsabilidades por la violencia contra la mujer son fundamentales para prevenir y reducir esa violencia. La impunidad por el ejercicio de la violencia contra la mujer (tanto por los agentes del Estado o por otras personas) se produce cuando los Estados no aplican las normas internacionales a nivel nacional y local. Los Estados tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer; investigar esos actos; enjuiciar y castigar a los perpetradores, sean o no agentes del Estado; y asegurar que se proporcione reparación para las víctimas.
- Los Estados deberían crear y mantener estrategias multisectoriales coordinadas a nivel nacional y local.
Para poner fin a la violencia contra la mujer no sólo hay que demostrar compromiso político sino adoptar medidas sistemáticas y sostenidas apoyadas por mecanismos institucionales poderosos, dedicados y permanentes. Los Estados deberían apoyarse en la labor que realizan las organizaciones no gubernamentales (ONG), intensificarla e institucionalizarla y compartir esas experiencias con otros países.
- Los Estados deberían asignar recursos y financiación suficientes a los programa destinados a tratar de resolver y reparar los casos de violencia contra la mujer.
Si no se pone freno a esta violencia los costos sociales, políticos y económicos serán enormes, lo que obligará a realizar inversiones proporcionales en la seguridad de la mujer. Dicho esfuerzo requiere un aumento de la voluntad política expresada mediante una mayor aportación de recursos financieros y humanos. Sectores como la justicia, la salud, la vivienda y la educación son fundamentales para ayudar a la mujer que sobrevive a la violencia a tener acceso a los servicios jurídicos, de salud y sociales eficaces, así como para intensificar la labor de prevención.
- Se debería fortalecer la base de conocimientos sobre todas las formas de violencia contra la mujer para documentar la formulación de políticas y estrategias.
Es muy poca la información que permite determinar y evaluar las políticas y prácticas que son más eficaces. Los gobiernos deberían asumir la responsabilidad de recopilar y publicar datos sistemáticamente, incluso de apoyar a las ONG, los círculos académicos y otros que participan en esas actividades.
El sistema de las Naciones Unidas puede hacer mucho para fortalecer la capacidad de los Estados para recopilar, procesar y difundir los datos sobre la violencia contra la mujer. Como cuestión prioritaria, se debería convocar un grupo de trabajo de las Naciones Unidas encargado de elaborar un conjunto de indicadores internacionales para evaluar la frecuencia de los casos de violencia contra la mujer y las consecuencias de las diferentes intervenciones. En un período de siete años se podría establecer una base de datos comparables a nivel internacional sobre la violencia física ejercida por la pareja íntima.
- Las Naciones Unidas deben asumir una función de dirección más firme, mejor coordinada y más visible para abordar la violencia contra la mujer.
En particular, la Asamblea General debería examinar la cuestión de la violencia contra la mujer todos los años y el Consejo de Seguridad debería examinar la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia de esta cuestión en el marco de la resolución 1325 sobre la mujer, la paz y la seguridad, para aumentar su contribución a la prevención y reparación de los casos de violencia contra la mujer. Otros órganos intergubernamentales deberían contribuir asimismo a la eliminación de la violencia contra la mujer en el marco de sus mandatos.
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NOTA:
DENTRO DE LOS ACUERDOS QUE MÉXICO A FIRMADO A NIVEL INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN CUANTO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA SON LOS SIGUIENTES:
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